Entre la falta de apoyos y la escasez de pruebas, los pueblos indígenas tienen que improvisar en la lucha contra el COVID-19.

Abandono. Zirahuén.- La sensación de que los pueblos indígenas del estado fueron abandonados a su suerte por los tres niveles de gobierno está presente a lo largo de todo el territorio michoacano desde la Meseta Purépecha hasta la Sierra-Costa.

En la comunidad de Zirahuén, por ejemplo, la propia población tuvo que comprar cubrebocas, gel antibacterial y equipamiento para la clínica local que estaba abandonada, mientras que las autoridades se limitaron a la entrega de carteles informativos.

La falta de apoyos se hizo más visible a través de un comunicado conjunto por parte de organismos defensores de derechos humanos, quienes exigieron que se planteara una política integral de ayuda a los pueblos originarios ante el escenario que presentaba el nuevo virus SARS-CoV-2.

“Hacemos un llamado a las autoridades estatales para que de manera inmediata y sin condiciones, provean de apoyos alimentarios a las personas de los pueblos indígenas que así lo soliciten”, apuntaron en el documento publicado el 19 de junio de 2020.

Los organismos denunciaron que decenas de pobladores indígenas no recibieron algunas de las 280 mil despensas que prometió el gobierno de Michoacán, ya que no pudieron comprobar que pertenecían a una población vulnerable.

En el Plan Alimentario firmado por el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, contemplan como grupos vulnerables únicamente a enfermos de COVID-19, adultos mayores, mujeres embarazadas y lactantes, así como personas con discapacidad, personas con enfermedades crónico-degenerativas y a quienes hayan perdido sus ingresos debido al confinamiento obligatorio.

Esto le cierra la puerta a quienes buscan apoyos por parte de comunidades indígenas, a pesar de que sufren problemas similares como enfermedades crónico-degenerativas y la pérdida de sus fuentes de empleo.

“El Plan Alimentario antes mencionado, carece de un enfoque de derechos humanos y del necesario enfoque diferenciado para atender las necesidades de la población indígena”, denunciaron las organizaciones defensoras.

Esta exigencia fue firmada por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria AC, la Red Solidaria de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT).

Todos estos organismos defensores también se han convertido en aliados de comunidades como Nahuatzen, Comachuén, Sevina y Arantepacua proveyéndoles de capacitación para el manejo de contagios de manera independiente a lo que han hecho las autoridades estatales y federales de salud.

San Benito en el olvido

En comunidades como Sevina y Comachuén el apoyo de gobierno fue apenas entrega de carteles informativos, un paquete de gel antibacterial y despensas infantiles, sin embargo, otras comunidades como San Benito, en el municipio de Los Reyes, no han recibido ni eso.

“No nos fue posible sanitizar las calles y espacios públicos porque la comunidad no cuenta con los recursos necesarios, hace falta tener acceso a recursos que nos ayuden a combatir los contagios”, aseguró el encargado del orden de la comunidad de San Benito.

Cuando el Gobierno de Michoacán decretó el periodo de Confinamiento Obligatorio, Las autoridades de San Benito realizaron una asamblea comunitaria en la que, por iniciativa propia, llevaron médicos para informar a la población sobre la enfermedad del COVID-19.

“La comunidad de San Benito optó por medidas preventivas en lugares públicos como la plaza principal, la chanca de la comunidad, los molinos y las tiendas para evitar aglomeraciones de las personas”, dijo José Agustín.

Todas las medidas se anunciaron a través de los altavoces que tiene la comunidad y que emiten noticias y recomendaciones a las 22:00 horas con la finalidad de que la población esté informada sobre las consecuencias del nuevo coronavirus.

Ante la falta de presencia de la Secretaría de Salud o el Gobierno de Michoacán las poblaciones indígenas han tenido que generar fórmulas propias para combatir la pandemia, por ejemplo, en San Benito se recomienda a los migrantes no visitar la comunidad y si lo hacen permanecer una semana aislados.

“Tenemos registradas unas 150 personas de la comunidad que radican en Monterrey, en Guadalajara, en Colima y en los Estados Unidos”, dijo Agustín Ruiz, “a ellos les pedimos encarecidamente que no vengan, que cuiden a sus familias y se cuiden ellos mismos”.

Sin embargo, no han podido cerrar sus puertas debido a que la mayoría de los habitantes trabajan en Los Reyes o en el campo y si toman medidas más drásticas afectarían la economía familiar de sus mil 700 habitantes.

San Benito es una comunidad indígena que desde enero de 2019 busca acceder a su presupuesto directo -como lo han hecho comunidades indígenas en Nahuatzen, Quiroga y Tingambato- una idea que sólo se ha reforzado con la pandemia.

“A los gobiernos las autoridades no les importamos porque actúan en un municipio y la prioridad no son las comunidades pequeñas, lo mismo el gobierno estatal y el gobierno federal están siempre alejados de nosotros y no nos apoyan para salir adelante, por eso hoy más que nunca vemos la necesidad de exigir lo que nos corresponde”, concluyó el encargado del orden.

COVID-19 en la Sierra-Costa

A 250 kilómetros al sur de Los Reyes está la Sierra-Costa de Michoacán, donde se asientan la mayoría de las comunidades nahuas del estado, ahí la situación es similar para miles de pobladores indígenas de localidades como Santa María Ostula en el municipio de Aquila, quienes en abril de 2020 iniciaron con una primera etapa de prevención del COVID-19.

En la costa la pandemia pegó con más fuerza durante la última semana de julio de 2020 cuando se registraron al menos 20 personas con síntomas de COVID-19 como fiebre, tos seca y neumonía; ocho de ellas perdieron la vida.

“Probablemente fue por ese virus pero nada más fue sospecha porque no tenemos las herramientas para comprobar ni el gobierno se ha preocupado por hacer las pruebas necesarias”, revelaron autoridades comunales de la región.

Los casos volvieron a poner en alerta a la comunidad que ya había cerrado sus puertas al turismo durante el mes de marzo de 2020, para cumplir con las regulaciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, sin embargo, las medidas se habían relajado durante el mes de junio y julio por la llegada de los vacacionistas de verano.

Apenas este 10 de agosto de 2020 la comunidad arrancó con la segunda etapa de prevención del COVID-19 a través de nuevas medidas para los comuneros nahuas, estas incluyen el uso obligatorio de cubrebocas para todas las personas, sean locales o foráneos, la prohibición del turismo y posponer eventos públicos en toda la comunidad de apenas mil habitantes.

“Se tomaron las medidas de prevención cerrando totalmente la entrada del turismo nacional y extranjero, también a los comuneros que estaban trabajando fuera de la comunidad, por medio de sus familias se les hizo la invitación de que se quedarán hasta nuevo aviso, y así se ha mantenido”, informaron los voceros de la comunidad.

“El que salga a la calle sin cubrebocas se le está cobrando una multa de 200 pesos y los negocios tienen que atender para llevar y con las medidas sanitarias, porque no podemos permitir que vuelva a enfermarse la comunidad”, dijeron.

Ostula se gobierna por usos y costumbres, lo que le permite tomar decisiones por encima incluso del gobierno municipal de Aquila, sus propios pobladores vigilan que se cumplan las medidas sanitarias y vigilan el territorio a través de su Policía Comunitaria, hasta la Guardia Nacional requiere permiso para ingresar al territorio y tiene prohibido patrullarlo.

Tras la expulsión del cártel de los Caballeros Templarios en el 2014 y luego del asesinato del niño Hidilberto Reyes García a manos del Ejército Mexicano el 19 de julio de 2015, los comuneros nahuas tomaron el control de la seguridad, a través de la Policía Comunitaria que ahora se encarga de vigilar el avance del nuevo coronavirus.

Último reporte del 30 de agosto de 2020

Entre los municipios con mayor población indígena que han registrado mayores casos de contagios están Uruapan con mil 525 casos y 136 defunciones; Pátzcuaro con 487 casos y 38 defunciones; La Piedad con 410 casos y 25 fallecidos; Zitácuaro con 408 casos y 36 fallecidos; Zacapu con 169 casos y 25 defunciones; Paracho con 156 casos y 23 fallecidos; Los Reyes con 119 casos y 12 defunciones; Chilchota con 82 casos y 4 fallecidos; Yurécuaro 65 casos y 5 fallecidos; Quiroga con 61 casos y 3 defunciones; Cherán con 44 casos y 4 fallecidos y Aquila con 19 casos y un fallecido.

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