El legado de Salvador Cienfuegos quedó marcado por el caso Ayotzinapa y más aún por el caso Tlatlaya, pero hay otro que terminó con la muerte de un niño de 12 años.

Fotografía: Rodrigo Caballero

Derechos humanos. Aquila.- La bala se fragmentó en seis esquirlas al atravesar una ventana de la fachada del restaurante Costa Michoacana, adentro dos de ellas alcanzaron a Hidelberto Reyes García y le arrebataron la vida.

El niño de 12 años murió instantáneamente luego de recibir un disparo que -de acuerdo con las investigaciones- solamente pudo venir de un rifle alemán G3 que portaba un miembro del Ejército Mexicano.

Hidelberto fue apenas una de las decenas de víctimas del que se conocería como el Caso Ostula, otro de los que caracterizaron el paso de Salvador Cienfuegos Zepeda como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Tras su detención, el 15 de octubre de 2020, por delitos como lavado de dinero, transporte de drogas y narcotráfico, Salvador Cienfuegos ahora enfrenta un juicio en los Estados Unidos de América (EUA) que no toma en cuenta ninguno de los casos de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales que marcaron su legado.

Disparos “al aire”

El 19 de julio de 2015, una compañía del Ejército Mexicano quedó atrapada en una protesta para exigir la liberación del comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula, Cemeí Verdía Zepeda, detenido por la Marina Armada de México la mañana de aquel domingo.

Un helicóptero de la Marina había trasladado al líder comunitario a la ciudad de Morelia, pero los pobladores no lo sabían, así que cerraron la carretera costera de Michoacán, que corre desde el puerto de Lázaro Cárdenas hasta el de Manzanillo.

Cuando la situación llegó al punto límite, los soldados dispararon en contra de la población que estaba desarmada para abrirse paso entre los manifestantes, una decena de pobladores resultaron heridos y el niño de 12 años perdió la vida.

A pesar de los videos y fotografías que muestran a militares disparando hacia la población, el entonces coordinador de Fuerzas Federales en Michoacán, el general Felipe Gurrola Ramírez, dijo que los tiros habían sido “al aire” y negó la participación de sus elementos en la muerte de Hidelberto.

“El personal militar, al verse agredido y sorprendido, sí realizó disparos, pero al aire nada más para disuadir al momento de la agresión al personal que estaba agrediéndolo con palos, inclusive con disparos reales a ellos”, justificó Felipe Gurrola un día después del asesinato, el lunes 20 de julio de 2015.

Militares desaparecidos

A partir de la muerte de Hidelberto comenzó una batalla legal para demostrar que los elementos de la Sedena habían participado directamente en la agresión y llevar a juicio a los 15 militares que accionaron sus armas aquel domingo de 2015.

“El Caso Ostula es el primero en su tipo, ya que por primera vez la fiscalía investiga penalmente a miembros de las fuerzas armadas, hasta este momento únicamente se habían resuelto estos casos en la justicia militar y no en el fuero civil”, aseguró el abogado de la comunidad indígena, Raymundo Ortiz Martín del Campo.

En entrevista exclusiva para 2020Noticias, el abogado aseguró que ahora sólo falta que un juez emita una orden de aprehensión para detener a los militares que participaron en los hechos, particularmente a los seis que accionaron sus armas.

De acuerdo con el reporte de la Sedena fueron 17 armas las que se dispararon por parte de personal del 65/o Batallón de Infantería con sede en el municipio de Coalcomán, Michoacán y solamente ellos dispararon contra la población de la Sierra-Costa.

El 2 de septiembre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) viajó hasta la comunidad de Ixtapilla en la carretera costera de Michoacán a unos 200 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas, donde determinó que el proyectil que acabó con la vida de Hidelberto provino de la caja de una camioneta militar.

Con un hilo, la perito de la FGR trazó la trayectoria de la bala desde las esquirlas que pegaron en una pared del restaurante hasta la caja de una camioneta tipo Cheyenne ubicada sobre la carretera, donde testigos narraron que habían disparado los elementos de la Sedena.

“Encontramos la altura más cercana a los hechos desde donde se disparó, que sigue comprobando que fue desde un vehículo militar y que fue un militar quien disparó, eso destruye totalmente la hipótesis de que habían sido disparados desde los árboles o por gente armada”, aseguró Raymundo Ortiz.

Los comuneros indígenas nahuas esperan que el dictamen que emita la FGR con base en esta prueba pericial sea determinante para que se giren órdenes de aprehensión correspondientes y se haga justicia para la comunidad y para la familia de Hidelberto

El problema ahora es que seis de ellos -los tripulantes de la camioneta desde donde se produjeron los disparos- se dieron de baja de la Sedena a los tres días del operativo y actualmente se desconoce su paradero.

“El ejército solamente presentó sus bajas con su último domicilio conocido en donde se les notificó que se tienen una orden de comparecencia por eso no está muy claro quién fue directamente el que disparó”, dijo el abogado indígena.

La cadena de mando

Raymundo Ortiz aseguró que la comunidad no solamente busca consignar a los militares que participaron en el operativo sino también a los mandos que lo ordenaron pues aseguró que se cuentan con elementos para comprobar que fue ilegal y se actuó con premeditación, alevosía y ventaja.

“No había ninguna orden de aprehensión ni nada que justificara un operativo de esa magnitud, a Cemeí Verdía lo presentaron detenido en flagrancia por portación de arma de fuego, un arma que le dio el mismo gobierno. Era un todo un despliegue militar para provocar a la población y justificar una masacre”, aseguró.

Uno de los elementos claves es el reporte de la Sedena que informa que sus elementos viajaban sólo para patrullar la zona, cuando en realidad formaban parte de un operativo conjunto con el Gobierno del Estado de Michoacán.

“No puede nada más consignarse por lesiones y homicidio, sino que también se tienen que desprender las responsabilidades penales de los mandos civiles y militares por abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público”, concluyó el abogado.

Entre los responsables que buscan llamar a cuentas por su participación en el operativo están el ex gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero; el coordinador de Fuerzas Federales, general Felipe Gurrola; el ex secretario de Seguridad Pública, Víctor Manuel Magaña García y al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda.

“Un operativo de este tamaño no se puede efectuar sin la orden del secretario de la defensa, no solamente por el despliegue, sino porque se da en coordinación el Gobierno de Michoacán y dentro de una zona indígena, la cadena de mando llega a Cienfuegos, sin lugar a dudas”, aseguró Raymundo Ortiz.

Cinco años sin justicia

Mientras la justicia mexicana apenas está en proceso de girar órdenes de aprensión contra los autores materiales del asesinato de Hidelberto y no tiene miras de iniciar un proceso contra los mandos que ordenaron el operativo, en Estados Unidos Cienfuegos ya enfrenta un juicio.

Arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles por una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA), el ex secretario de la defensa enfrenta cargos por sus presuntos nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Salvador Cienfuegos enfrenta cargos por haber protegido a bandas de la delincuencia organizada, dirigiendo operaciones militares contra grupos rivales y hasta facilitando transporte marítimo para el trasiego de drogas.

Sin embargo, nada queda entre los cargos de los fiscales estadounidenses de los casos más emblemáticos de corrupción, abuso de fuerza y ejecuciones extrajudiciales como lo fueron Tlatlaya, Ayotzinapa y también el de Ostula; donde quedó demostrada la participación de elementos del Ejército Mexicano.

“Es una lástima que sea un gobierno extranjero quien juzgue al general Cienfuegos y no la justicia mexicana y, es, además, una vergüenza que no enfrente los casos de violaciones de derechos humanos que debería, como es el Caso Ostula”, concluyó el abogado de la comunidad indígena nahua.

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